M.A.Uriondo/A.Lorenzo. Madrid. El presidente de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), Reinaldo Rodríguez, ya dio el primer aviso a primeros de mes: el regulador estaba indignado por la multa de casi 152 millones de euros impuesta por Bruselas a Telefónica. Ayer, el Consejo del organismo hizo oficial su malestar al hacer pública una petición al Gobierno español para que defienda sus competencias de las injerencias europea, interponiendo un recurso de anulación contra la decisión de la Comisión ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Entre sus argumentos, la CMT clama que la CE nunca llegó a requerir su cooperación formalmente, y que esto vulnera el principio de cooperación legal deberían mantener con las administraciones nacionales las instituciones comunitarias.
Asimismo, el regulador acusa de hipocresía a una Comisión Europea que, aunque en su comunicado de prensa se llenó la boca con un supuesto respaldo hacia la labor del regulador, con su decisión afectó "seria y profundamente a sus funciones de regulación, en particular, y las de las agencias nacionales de regulación, en general". "Esta actuación compromete la consecución de sus objetivos de regular en defensa de los usuarios españoles y de incentivar la competencia efectiva en el sector mediante el desarrollo de las infraestructuras de telecomunicaciones alternativas a las del dominante.
A juicio del Consejo, como la decisión de Bruselas afecta directamente al régimen de intervención 'ex ante' acordado por la CMT, se produce una colisión en los ámbitos de intervención de la regulación de las autoridades nacionales de regulación y de las autoridades de competencia, "que sólo puede resolverse bien por la vía de la cooperación entre autoridades, bien por la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Uno de los aspectos que más ha preocupado en todo momento al regulador es que el acceso indirecto mayorista, el servicio sobre el que se impuso la sanción, es un servicio inexistente en muchos Estados miembro y que Bruselas nunca ha exigido su regulación al considerar que no es determinante para el desarrollo competitivo de sus mercados.
El ministro de Industria, Joan Clos, ya había confirmado esta semana que el Gobierno y la CMT estaban estudiando la multa, y añadió que si presentaban un recurso lo harían "para ganarlo".
De hecho, fuentes próximas a la situación explicaron a LA GACETA que el comunicado de ayer de la CMT formaría parte de la estrategia del Gobierno que, una vez avalado por una petición oficial del regulador, estaría más justificado de cara a intervenir a favor de la operadora que preside César Alierta. Fue precisamente Telefónica la primera en anunciar su intención de recurrir, nada más conocerse la multa, al considerar que dicha sanción no es más que un dislate que trae inseguridad jurídica al sector, y una sanción desencadenada por Orange, una compañía que, a fin de cuentas, sigue controlada por el Estado francés.
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