* Los vecinos se han rebelado contra la demolición de sus viviendas.
* Seis policías y dos chabolistas heridos por el lanzamiento de piedras.
* Un juez decide hoy si ampara la guerra contra las chabolas emprendida por el Ayuntamiento de Madrid.
* MIRA LAS IMÁGENES DE LA BATALLA CAMPAL
El derribo de viviendas en la Cañada Real Galiana ha derivado en una batalla campal entre los vecinos del poblado chabolista y los agentes de la Policía Municipal y Nacional. Los habitantes de las chabolas la han emprendido a pedradas y palazos contra los policías que iban a desalojar las viviendas ilegales. Los disturbios se han saldado con al menos seis policías (cuatro municipales y dos nacionales) y dos chabolistas heridos leves, según informa la agencia Europa Press.
Los vecinos han lanzado piedras, palos e, incluso, bombonas de butano
Los juzgados de lo Contencioso Administrativo decidían hoy, jueves, si el Ayuntamiento de Madrid podía seguir con el derribo de las infraviviendas construidos a lo largo de la Cañada Real. Los habitantes de estas chabolas, en su mayoría marroquíes y rumanos, presentaron un recurso contra la intención del Consistorio de demoler sus viviendas.
Los vecinos de la zona se han rebelado contra los agentes de Policía al ver que las grúas de demolición se disponían a echar abajo sus casas. Decenas de personas han comenzado a lanzar piedras, palos, bombonas de butano y todo tipo de objetos contundentes, a la vez que quemaban neumáticos. La Policía, a su vez, ha respondido disparando bolas de goma para frenar los disturbios.
30.000 personas en 2.000 chabolas
La Cañada Real está situada a las afueras de Madrid, en el kilómetro 14 de la carretera de Valencia (A-3), a la altura del municipio de Rivas-Vaciamadrid. En la zona viven unas 30.000 personas, en más de 2.000 edificaciones ilegales.
El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, se ha propuesto acabar con los poblados chabolistas que rodean Madrid, formados por viviendas construidas sin licencia. Y se ha puesto el plazo de esta legislatura , para lo que ha pedido el apoyo tanto del Gobierno de la Comunidad de Madrid, como del central.
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