El Tribunal de Justicia de la UE falló hoy contra la ley que permite a las autoridades alemanas controlar la toma de decisiones en el grupo Volkswagen, lo que abre la puerta a que Porsche, principal accionista de VW, pueda ampliar su participación.
Los jueces europeos concluyeron en una sentencia dictada el martes que la conocida como "ley Volkswagen", creada en 1960 para regular la privatización del grupo, restringe la libre circulación de capitales en la Unión Europea. La normativa estaba destinada a proteger al fabricante automovilístico de una posible opa hostil -ya que limitaba el derecho del voto al 20% del capital y permitía minorías de bloqueo del 20%-, deberá ahora ser modificada para que sus disposiciones respeten las normas comunitarias.
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La Comisión Europea se mostró hoy satisfecha con la sentencia, que calificó que "buena noticia para el mercado interior y la libre circulación de capitales" en la UE. El portavoz comunitario de Mercado Interior, Oliver Drewes, indicó que ahora depende del Gobierno alemán el realizar los cambios legislativos necesarios para hacer la citada ley compatible con las leyes europeas.
Drewes confió en que, tal como han prometido a Bruselas las autoridades alemanas, esas modificaciones tengan lugar "tan pronto como sea posible". Las autoridades alemanas anunciaron que comenzarán "de inmediato" el procedimiento para derogar o modificar la ley, mientras que el sindicato alemán del sector industrial IG Metall pidió al Gobierno de Berlín que no la anule, sino que se limite a cambiar las disposiciones contrarias al derecho comunitario.
Por su parte, el grupo Volkswagen señaló que está estudiando las consecuencias que la decisión del Tribunal tendrá para los estatutos de la compañía.Porsche, que tiene un 30,9% del capital del grupo VW, puede tras esta sentencia ampliar su participación. "Es conocido que Porsche tiene opciones para ampliar su participación en Volkswagen pero no hemos dicho en qué proporción", afirmó el portavoz de Porsche, Albricht Bamler.
El estado federado alemán de Baja Sajonia es, con un 20,7% de los títulos de Volkswagen, el segundo accionista del grupo Volkswagen, lo que le permitía controlar la compañía gracias a la discutida ley. El Tribunal explicó que "Alemania ha incumplido sus obligaciones al mantener en vigor las disposiciones de la ley Volkswagen sobre limitación del derecho de voto al 20% y fijación de una minoría de bloqueo en el 20%, así como al reconocer el derecho del Estado federal y del Land de Baja-Sajonia a designar dos representantes cada uno al Consejo de Vigilancia".
En marzo de 2005 la Comisión Europea denunció la norma alemana -promulgada en 1960 para regular la privatización de la compañía-, al entender que vulnera los principios de libre circulación de capitales y libertad de establecimiento. En la sentencia de hoy, el Tribunal dio la razón a la Comisión en lo relativo a la violación de la libre circulación de capitales, pero rechazó el recurso en la parte relacionada con la libertad de establecimiento, al considerar que el Ejecutivo comunitario no aportó una argumentación específica sobre ese punto.
El Tribunal recordó hoy que el Tratado de la UE prohíbe toda restricción al movimiento de capitales entre Estados miembros, algo en lo que considera que incurre la ley Volkswagen, que permite limitar a otros accionistas la posibilidad de participar en la gestión y control del grupo automovilístico. Sobre la minoría de bloqueo y la limitación de los derechos de voto, el Tribunal consideró que "permiten al Estado federal y al Land de Baja Sajonia ejercer, con una inversión más reducida que la que exigiría el derecho común, una influencia sustancial en la sociedad Volkswagen".
Además, el Tribunal opinó que el derecho que tienen el Gobierno federal y el estado de Baja Sajonia, siempre que sean titulares de al menos una acción, a nombrar dos miembros cada uno del Consejo de Vigilancia de Volkswagen "privilegia a los accionistas públicos con respecto al derecho común de las empresas". Los jueces recordaron que aunque el derecho comunitario permite limitar la libre circulación de capitales con medidas nacionales "justificadas por intereses legítimos", Alemania no ha demostrado de qué manera las disposiciones adoptadas son necesarias para proteger esos intereses.
Las autoridades germanas tampoco han explicado, según los jueces, los motivos por los que la posición privilegiada de los poderes públicos en VW podría defender a los trabajadores o a los intereses de los accionistas minoritarios. Por todo ello, el Tribunal "constata que Alemania ha incumplido sus obligaciones relativas a la libre circulación de capitales".
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