El ex dictador panameño Manuel Antonio Noriega, quien por decisión de un juez puede ser extraditado a Francia tras cumplir una condena en Estados Unidos, es un militar sin escrúpulos que por años colaboró con Washington antes de convertirse en su enemigo número uno.
El juez federal estadounidense William Hoeveler dijo que no existen causas para suspender una eventual extradición de Noriega a Francia, donde enfrenta una pena a diez años, y ordenó que continúe preso hasta el fin de su condena mañana.
Nacido en 1934 en una familia pobre de origen colombiano, anhelaba ser psiquiatra, pero abandonó sus sueños por razones económicas y se enroló en el ejército.
Tras participar en 1968 en un golpe militar contra el presidente Arnulfo Arias, comenzó su ascenso al año siguiente al defender al general Omar Torrijos contra una tentativa de derrocamiento. Convertido en uno de los más próximos colaboradores, Torrijos lo puso a dirigir los servicios de inteligencia.
Noriega entró entonces naturalmente en contacto con los servicios secretos estadounidenses, muy presentes en Panamá por la vigilancia del Canal. Se hizo informante regular, percibiendo más de 320.000 dólares hasta 1986 en pagos por sus servicios.
Acusado a comienzos de los años 70 de complicidad en tráfico de drogas hacia Estados Unidos, y criticado por sus rudos métodos contra la oposición, Noriega demostró su habilidad para mantenerse en el poder casi 20 años.
Desde 1972, hubo proyectos en Washington para eliminar físicamente a este incómodo aliado, pero el presidente Richard Nixon los desaprobó a último momento.
A comienzos de los años 80, Noriega se forjó una sólida reputación del hombre más temido de Panamá. Tras la muerte de Torrijos en un misterioso accidente aéreo en 1981, se convirtió en el hombre fuerte del país, como general y comandante en jefe de la Guardia Nacional.
La represión se intensificó y los estadounidenses comenzaron a aislarlo. En 1986, una filtración de la inteligencia norteamericana permitió al diario The New York Times cuestionar el papel de Noriega en el asesinato, dos años antes, de un opositor que fue decapitado.
Un nuevo golpe recibió en 1987 cuando un ex jefe del Estado Mayor, el coronel Roberto Díaz Herrera, lo acusó de corrupción, fraude electoral y la responsabilidad del accidente aéreo que costó la vida a Torrijos.
Aunque Noriega conservó cierto apoyo popular, estas acusaciones desencadenaron manifestaciones en Panamá y llevaron al Senado estadounidense a exigirle abandonar sus funciones en espera del resultado de una investigación.
El se negó y desafió a Estados Unidos, que lo acusó en 1988 de complicidad en tráfico de drogas. Fue inculpado de haber transformado a Panamá en pasadizo de droga y centro de blanqueo de dinero a cambio de millones de dólares en sobornos del Cartel de Medellín.
Noriega destituyó al presidente Eric Delvalle, quien había intentado destituirlo, ignoró las sanciones económicas estadounidenses, y apeló al pueblo inaugurando una retórica tercermundista, antes de anular los resultados de las elecciones ganadas por la oposición.
El 20 de diciembre de 1989, Estados Unidos invadió Panamá. El general permaneció dos semanas refugiado en la Nunciatura antes de rendirse y ser transferido a una prisión de Florida como “prisionero de guerra”.
Fue condenado a 40 años por narcotráfico, pero luego vio reducida su pena a 30 años y luego a 17 años por buena conducta.
Al aproximarse su liberación, Francia pidió su extradición por una condena de diez años por lavado de dinero pendiente desde 1999. En Panamá, enfrenta una condena de 54 años
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