Alquiler para jóvenes

Alquiler para jóvenes
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No va a cambiar ninguna tendencia en el mercado de la vivienda, ni siquiera la de alquiler, pero el decreto que el viernes aprobó el Consejo de Ministros para facilitar la emancipación de los jóvenes es otra prueba de que es posible hacer una política pública de vivienda. El medio elegido ha sido modesto, por sus límites en la edad de los beneficiarios y de la subvención máxima a percibir: los jóvenes con edades comprendidas entre los 22 y los 30 años, y que no ingresen más de 22.000 euros al año, podrán optar a una ayuda pública de hasta 210 euros mensuales para instalarse por su cuenta, con avales para el depósito de la fianza. El cálculo del Ministerio de Vivienda es que a la medida se acojan unos 350.000 jóvenes, y que el coste para la hacienda pública se acerque a los 440 millones de euros. En la gestión para percibir estas ayudas deberán participar las autonomías que tienen competencias en materia de vivienda --Catalunya, entre ellas--, y en cada caso se podrá elegir la mejor opción para el solicitante: es decir, que no se trata de subvenciones acumulables.
Calificar la medida de electoralista es como contar las rayas de un tigre: una pérdida de tiempo en una España tan enconada políticamente desde hace meses. Lo importante es que sea útil, en las dos dimensiones exigibles. La primera, que los futuros beneficiarios no se vean frustrados en el marasmo burocrático. El decreto de ayudas es claro y a los funcionarios de cualquier Administración les corresponde facilitar su aplicación. Y la segunda, que se anime a los dueños de pisos que se pueden poner en alquiler --y a los futuros promotores--, porque cuentan con el aval explícito del decreto estatal.