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La asociación profesional aludió durante la pasada semana al «asesinato» de la médico María Eugenia Moreno y a la agresión de un conductor de ambulancia, ocurridos en Murcia el día 11 de febrero, y se sumó al dolor de sus familias por lo ocurrido. En el escrito, denuncia además que 200 médicos de Galicia sufrieron alguna agresión durante el año 2007 y de ellos la mitad son de atención primaria y en servicios de urgencias, considerados como «áreas de alto riesgo» para los facultativos. Las cifras fueron aportadas teniendo en cuenta únicamente las denuncias presentadas en el Servicio Gallego de Salud (Sergas) y en las compañías de seguros.
Fuentes del Colegio Oficial indicaron a Efe que muchos casos quedan sin denunciar por parte de los agredidos, por lo que la incidencia real es superior a la declarada. En ese sentido, el colectivo urge medidas verdaderamente efectivas para hacer comprender a los pacientes que el personal sanitario no es la causa, ni de su enfermedad, ni del proceso burocrático que puede crear frustración a personas que en ocasiones están muy enfermas. El CMO recordó además que la Fiscalía adoptó una instrucción por la que se considera «delito de atentado contra funcionario público» cualquier agresión a médicos y profesores en el ejercicio de sus funciones públicas. Por ello, pide «sensibilidad» a los órganos judiciales para resolver estas agresiones.
Falta de valores
La situación de agresión es una manifestación más del deterioro de los valores sociales y culturales, según el colectivo, que considera que aún así se deben hacer mejoras urgentes en las medidas de seguridad. Las actuales, consideran, son «insuficientes» para el personal sanitario. Entre las mejoras, los médicos proponen cambiar el sistema de trabajo para que se consiga mayor empatía con los pacientes y que los temas burocráticos se solucionen fuera de las consultas médicas. También instó el CMO a los profesionales para que denuncien en el Colegio Oficial cualquier agresión o amenaza tanto verbal como física «y evitar así la proliferación de estos hechos deleznables y colaborar a erradicar esta lacra». El órgano colegiado indicó que tiene mecanismos y servicios para dar una respuesta jurídica contundente ante este tipo de hechos, tanto si se producen en la sanidad pública como en la privada. Así, el sistema sanitario ofrece modelos normativizados para registrar incidentes violentos, para abordar la defensa jurídica y para prestar desde el primer momento ayuda psicológica.
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