Pedro Solbes –no José Luis Rodríguez Zapatero como se había propuesto en un primer momento– apareció ante sus señorías, sobre todo, las catalanas, profundamente descontentas por el incumplimiento que Moncloa ha hecho de los plazos fijados por el Estatut para dar un nuevo modelo de financiación a Cataluña. No obstante, en el barco de la reforma están embarcadas otras catorce autonomías –Navarra y País Vasco cuentan con un régimen foral– que esperaban algo más del discurso de Solbes.
Las reducidas bases para el debate lanzadas ayer ya se conocen desde julio y, desde entonces, han suscitado los mismos calificativos: son inconcretas e insuficientes. Las comunidades piden pasar de la retórica a la acción. Es decir, de la carrocería al carburante que rige todo el modelo de financiación autonómico: el dinero. Solbes dejó claro desde un principio que los fondos adicionales del sistema estarán condicionados a las “disponibilidades presupuestarias” de cada momento. En el actual, parece que van a ser pocas. El vicepresidente asegura que las cuentas públicas para 2009 serán “austeras” y “responsables”.
La salida que Solbes da a las comunidades autónomas es que hagan uso de su corresponsabilidad normativa para subir los impuestos y adecuar los ingresos a los gastos.
Reformar el sistema de financiación “cuesta dinero”, recuerdan algunos consejeros autonómicos a Solbes. Y si el Gobierno, como insiste el presidente, no quiere renunciar a las políticas sociales, debería dotar de más recursos a las administraciones que están gestionando más del 70% de los gastos en educación, sanidad o servicios básicos.
Los primeros cálculos estiman que el sistema necesitaría entre 6.000 y 12.000 millones de euros adicionales a repartir entre todos. Aunque antes, en el plazo de tres meses, Zapatero se ha comprometido a cerrar un acuerdo con la Generalitat, que, con toda, probabilidad, corte un trozo importante del pastel.
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