Yolanda Arenales
Reportera de Negocios
Después de años de críticas y varias auditorías que revelaron cómo las grandes empresas obtienen contratos federales disfrazadas de pequeños negocios, la reciente modificación normativa para evitar este problema dejó a muchos simplemente frustrados.
La nueva regulación adoptada a finales de junio por la Administración de Pequeños Negocios (SBA) requiere la recertificación de toda compañía beneficiaria de un contrato gubernamental para pequeños negocios cuando ésta cambie de tamaño.
Sin embargo, organizaciones que abogan por los derechos e intereses de la pequeña empresa sostienen que esta nueva regulación extiende el problema por otros cinco años, porque la norma establece que los contratos que ya se han atribuido y que son a largo plazo no tienen que revisarse más que cada cinco años.
Por ley, un 23% de los contratos federales debe adjudicarse a pequeños negocios, objetivo que la SBA ha declarado no sólo cumplir, sino a menudo exceder.
En el año fiscal 2005 (último sobre el que existen cifras oficiales), la SBA declaró que el 25% de los contratos había recaído en pequeñas empresas. Sin embargo, muchos piensan que ese porcentaje está inflado.
Eagle Eye Publishing, de Fairfax, Virginia, una compañía que publica CDROM sobre contratos públicos, cree que el porcentaje real no pasó del 21%.
La Liga Americana de Pequeños Negocios (ASBL) es aún más crítica y estima que el porcentaje promedio real haya sido en torno al 15% en las últimas dos décadas.
Lloyd Chapman, presidente de ASBL, indica que varias investigaciones federales —como la realizada en 2002 por Oficina de Contraloría General del Congreso (GAO)— han puesto al descubierto que miles de millones de dólares en contratos gubernamentales han ido a parar a manos de compañías como Boeing, Lockheed Martin, AT&T, Raytheon, Rolls Royce y otras del índice Fortune 1000, contabilizándose como parte del objetivo del 23%.
"La ASBL no aplaude la reforma recién aprobada por la SBA, ya que extiende el problema por otros cinco años", dice Chapman. "Nuestra estimación es que en torno a 50,000 millones de dólares anuales seguirán desviándose hacia grandes compañías".
La ASBL está preparando una demanda ante los tribunales federales pidiendo que la recertificación no se posponga. Además, la organización está apoyando una nueva legislación en el Congreso que controle de forma más estricta el cumplimiento de los objetivos de contratación con pequeños negocios.
Brandon Shamim, miembro de la Junta de la Cámara de Comercio de Los Ángeles y presidente del Consejo de Pequeños Negocios, sostiene por su parte: "No hay duda de que se trata de un paso positivo que beneficiará a muchos negocios pequeños y de minorías", pero como propietario de negocio que ha conseguido varios contratos con agencias gubernamentales, sabe lo importante que estos contratos pueden ser para las pequeñas empresas.
"No es justo que grandes compañías se beneficien de una ventaja creada específicamente para las pequeñas", dice Shamim.
Jorge Corralejo, miembro de la junta directiva de la Asociación de Negocios Latinos (LBA), dice que esta organización aún está analizando el impacto de los nuevos requisitos de recertificación, pero como dueño de negocio crítica a la SBA y la Administración Bush.
"Llevan seis años seguidos disminuyendo tanto la ayuda técnica como el presupuesto de apoyo a los pequeños negocios", dice Corralejo, quien considera que por el contrario el gobierno ha estado beneficiando claramente a las grandes empresas, agravio que, según Shamim, es comparativamente mayor para los negocios de Los Ángeles, debido en parte a la lejanía geográfica con la sede del gobierno.
"Aunque nuestra área tiene la mayor concentración de negocios pequeños y de minorías, y pese a que eso supone una gran inyección económica en forma de impuestos al gobierno, las decisiones de Washington tienden a tomar más en cuenta las necesidades de las empresas de la Costa Este", dice Shamim, enfatizando que los pequeños negocios locales carecen de relaciones en la capital del país.
Por su parte, Martha Montoya, presidenta para la región sur de la Cámara Hispana de Comercio de Los Ángeles (CHCC), considera que la nueva norma de la SBA es positiva porque ayudará a reevaluar contratos que se estaban renovando casi automáticamente a empresas que los tenían desde hace años.
Dado que el proceso de consecución de contratos gubernamentales puede ser tan largo y dificultoso, la CHCC está aconsejando a los pequeños negocios emplear sólo entre un 5% y un 10% de su tiempo en dedicarse al mismo, dice Montoya, pero también señala que los pequeños empresarios tienen que hacer más para estar listos al momento de conseguir tanto este tipo de contratos como los que las grandes empresas privadas ofrecen.
"Los negocios hispanos tenemos que cambiar nuestro enfoque cultural que nos hace ver al pequeño negocio de al lado como el enemigo", afirma Montoya, "aprender a unirnos y a hacer propuestas conjuntas es la forma en que nos podemos ayudar a nosotros mismos, mientras las políticas públicas y privadas se van haciendo más justas".
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